Es hora de dar por cerrada la etapa de pertinaz enfrentamiento y polarización alrededor de la inhabilitación de determinados miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. Voltear la página, es decir. Algunos parlamentarios incluso han lanzado, acertadamente, una exhortación en ese sentido a sus colegas.

El Perú necesita que las bancadas entiendan que deben dejar las venganzas políticas de lado y cambiar la agenda para enfocarse en los temas medulares, que no son pocos ni sencillos. Proyectos trascendentales han sido encarpetados en las curules o la Mesa Directiva sin que sean tramitados con la perentoriedad que demandan.

En cambio, otros asuntos menos relevantes y hasta tóxicos para la democracia, la economía y el futuro del país son negociados con fluidez, llegan hasta el Pleno y no tardan en convertirse en leyes. Todo lo contrario de cuando se trata del bien común y no de intereses particulares.

Se han quedado en el aire propuestas que regulen el sistema político, por ejemplo, para impedir que sujetos condenados por graves delitos contra la sociedad como asesinato, secuestro, entre otros, puedan postular a cargos públicos. Es muy grave que anden recorriendo el país, en madrugadora campaña electoral, personajes con semejantes antecedentes, repartiendo promesas irrealizables y escarmientos nada democráticos contra “los corruptos” para ganarse a los desavisados de siempre.

Y en ese mismo ámbito legislativo, ahora que se aprobó el retorno a la bicameralidad, se echa en falta una serie de medidas y acápites que garanticen que la representación ciudadana esté más ajustada a la realidad. No se trata solo de un subterfugio para poder reelegirse, como no pocos parlamentarios han visto la reforma, sino de mejorar los procesos en este poder del Estado.

Es sabido también que duerme el sueño de los justos un proyecto de ley que dispone una reforma en el sistema de contrataciones de obras públicas para evitar que estas terminen abandonadas o con sobrecostos. Recordemos que actualmente tenemos más de 2,000 obras paralizadas en territorio nacional, relacionadas con la construcción y mantenimiento de carreteras, mejoras en servicios de salud, educación y proyectos de desarrollo agrario.

Eso, sin necesidad de mencionar, por supuesto, normas específicas en salud, seguridad y otros. El Congreso debe priorizar el desarrollo del país y ponerse a trabajar con ese objetivo. Debe ajustar el foco. El Perú no puede seguir esperando.