Una medida largamente esperada la que, por fin, ha puesto en marcha Osiptel. Que los teléfonos celulares robados, la mayoría de ellos dejando una estela de sangre y violencia, sean retirados del mercado a través de bloqueos irreversibles, que ya no requerirán trámites engorrosos.

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Es decir, las empresas operadoras bloquearán el servicio apenas aparezca el IMEI de un aparato reportado como robado en sus redes de comunicación, dejándolos inservibles. Y esto comenzará a regir desde pasado mañana lunes.

El boyante mercado negro de dispositivos sin origen conocido o “de segunda mano” verá así frenadas sus expectativas pecuniarias. El IMEI, como se sabe, es el código único e intransferible de cada aparato. Los delincuentes solían también alterarlo, pero estas modificaciones ya pueden ser detectadas por el sistema, o sea que la artimaña tampoco servirá de mucho a los amigos de lo ajeno.

De esta manera, se busca neutralizar el aumento exponencial de hurto y comercialización de equipos móviles en el país. Lo que se requiere ahora es que esta decisión tenga carácter permanente y cuente con una evaluación constante para perfeccionar la efectividad del bloqueo. Para nadie es un secreto que a cada mecanismo de control que la ley establece, los delincuentes logran darle vuelta al poco tiempo para continuar con sus ilícitas actividades, como si estuvieran siempre un paso adelante. Se calcula que unas 750 mil unidades saldrán de las redes locales con el apagón que llevará a cabo Osiptel.

Conviene tener en cuenta que en el Perú las cifras de robos de equipos son siderales, casi cinco mil celulares al día son robados en las calles peruanas. Una cifra que, en esta práctica delictiva, nos ubica solo detrás de Argentina y Colombia.

Las calles peruanas son el escenario cotidiano de arrebatos, secuestros al paso o hasta asaltos a mano armada cuya única finalidad es hacerse, por la fuerza, de estos dispositivos, muchos de los cuales tienen un alto precio de reventa y hasta ahora eran fáciles de recolocar a través de los comercios informales.

Era hora ya de que las autoridades pusieran coto a esta práctica criminal que es parte significativa de la inseguridad ciudadana que se vive en el país. Si el sistema llega a funcionar como se debe, será un avance importante en la lucha contra el delito.

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